Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11473 Desde el 1 de enero de 2022, Hacienda tomará el nuevo valor de referencia de los inmuebles para el pago de impuestos tan importantes como son el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Sucesiones y Donaciones. ¿Qué es el valor de referencia de un inmueble? Es el determinado por la Dirección General del Catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante fedatario público, en función de los datos de cada inmueble, obrantes en el Catastro Inmobiliario. El valor de referencia de un inmueble es una de las características económicas de su descripción catastral. El valor de referencia no superará el valor de mercado. Para ello, se aplicará un factor de minoración en su determinación. En el BOE: Artículo sexto. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.   ""2. En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto. No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada, o ambos son superiores a su valor de referencia, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes. Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada o el valor de mercado. "" https://www.catastro.meh.es/esp/faqs.asp#vr *Todos los usuarios tienen a su disposición a través de la página web del catastro toda la información necesaria al respecto, asi como el acceso para la obtención de dicho valor de referencia: https://www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccDNI.aspx?Dest=3&ejercicio=2022   Este contenido es a titulo meramente informativo.

Aumenta el número de préstamos hipotecarios y disminuye el precio de la vivienda Hoy 14/01/2021 se han hecho públicos los primeros datos del año emitidos por el Centro de Información Estadística del Notariado; corresponden a las operaciones inmobiliarias, hipotecarias y mercantiles autorizadas ante notario durante el pasado noviembre. Compraventa de vivienda: La compraventa de vivienda se situó en noviembre en 48.251 transacciones, lo que supone una bajada interanual del 0,9%. El precio promedio por metro cuadrado de las viviendas vendidas fue de 1.362 €, lo que supone una caída del 5,7%.  

REAL DECRETO-LEY 7/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER BOE Núm. 55 Martes 5 de marzo de 2019 *Se amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete años, si es persona jurídica. *Se mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales. *Mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad además de que se implementa y agiliza el procedimiento. El BOE núm. 55 del martes 5 de marzo de 2019 ha publicado el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, respondiendo a la necesidad de atender la urgencia social que se deriva de un mercado de la vivienda deficiente, especialmente desequilibrado en el ámbito del alquiler. Se trata, en definitiva, de dar un giro social en la política de vivienda. Las principales medidas contempladas se dirigen a ofrecer mayor seguridad y certidumbre al inquilino, incentivar la oferta de vivienda de alquiler y dar apoyo a los grupos más vulnerables, aliviando la carga financiera de las familias. Seguridad para el inquilino El desequilibrio actualmente existente se abordará ofreciendo mayor seguridad y certidumbre al inquilino. Para lograrlo, se amplía la prórroga obligatoria de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete años, si es persona jurídica, además, se amplía la prórroga tácita, si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siete primeros años, de uno a tres años. Aumenta también a dos meses el plazo de preaviso previsto para no renovar el contrato para el inquilino y a cuatro meses para el arrendador. Por otra parte, los contratos no inscritos vuelven a tener efectos ante terceros, de forma que cuando haya una venta de un piso arrendado, el inquilino quede protegido, esté o no inscrito el contrato en el Registro de la Propiedad. Incentivos para la oferta El Real Decreto-ley mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales. Así, se establece una información mínima que deben recoger los Depósitos Autonómicos de Fianzas en las comunidades autónomas donde estén creados y se creará, en el plazo de ocho meses, un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda. Al mismo tiempo, en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos se establece el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por las Administraciones Públicas. En cuanto a las medidas fiscales establecidas para el estímulo de la oferta, la propuesta es habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida en alquiler, así como la eliminación del Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual. También queda recogida una mejora técnica en la exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la vivienda turística, para su específica regulación por las comunidades autónomas, y se permite que una mayoría de 3/5 de las comunidades de propietarios puedan limitar las viviendas de uso turístico, o asignarles mayores gastos comunes. Concretamente, se introduce en la Ley de Propiedad Horizontal la posibilidad de que, por acuerdo de una mayoría de 3/5, una comunidad de propietarios pueda limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio. El objetivo es dotar a los vecinos de instrumentos para facilitar la convivencia y decidir sobre las actividades que tienen lugar en su comunidad. Asimismo, la norma recoge la posibilidad de establecer incrementos de hasta un 20% en la participación en los gastos comunes por parte de las viviendas de uso turístico. Todo ello, en el marco del régimen de usos establecido en la ordenación urbanística municipal y de la necesidad de disponer de los títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de dicha actividad, cumpliendo lo dispuesto en la normativa sectorial turística de aplicación. En la Ley de Arrendamientos Urbanos se amplía la exclusión del artículo 5.e, quedando reguladas todas las viviendas de uso turístico por la normativa sectorial turística, independientemente de la forma de comercialización o promoción. De esta manera, se contribuye a crear un marco normativo más claro en el que se evite la aplicación indebida de la LAU cuando la cesión del uso de la vivienda se encuentre dentro de la definición que recoge la normativa turística y, por tanto, la actividad esté sujeta a determinadas exigencias fijadas para su adecuado desarrollo. La propuesta de modificar ambas normativas estatales fue debatida en septiembre del año pasado durante la reunión del Grupo de Trabajo de Viviendas de Uso Turístico en el que participaron las 17 comunidades autónomas y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), además de casi una veintena de representantes del sector hotelero, empresarial, las plataformas, los vecinos, consumidores y sindicatos. Así mismo, se favorece el acuerdo entre las partes para la realización de mejoras durante la vigencia del contrato, permitiendo en este caso pactado el incremento de la renta durante el resto del contrato. Apoyo a los grupos más vulnerables Por otro lado, el Real Decreto-ley mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad además de que se implementa y agiliza el procedimiento. Las garantías adicionales quedan limitadas a dos meses además de que también queda sujeto al IPC la actualización de la renta durante la vigencia del contrato. Respecto a los gastos de gestión inmobiliaria y formalización, estos corresponderán al arrendador, cuando este sea persona jurídica. Además, se obliga a los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal a la realización de obras y actuaciones de accesibilidad, con independencia de la cuantía de las mismas, si existe ayuda pública de al menos el 75 % del coste. También, se establece la necesidad de elevar y destinar el fondo de reserva de la comunidad de propietarios a sufragar inversiones de accesibilidad. Otra de las medidas recogidas es la de blindar la posibilidad de subrogación, en caso de fallecimiento del inquilino, en favor de determinados perfiles vulnerables como menores, discapacitados o mayores de 65 años. ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO: Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf NÚM. 55 5 marzo 2019

Publicación 22-02-19 en el DIARI OFICIAL de la Generalitat Valenciana Circular número 1/2019, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, relativa a la aplicación de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la vivienda de la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, en relación con los derechos de tanteo y retracto a favor de la Generalitat respecto de las transmisiones de viviendas protegidas de promoción pública o sujetas a cualquier régimen de protección pública. [2019/1697] La Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la vivienda de la Comunitat Valenciana reguló con carácter general la aplicación de los derechos de tanteo y retracto legal en favor de la Administración de las viviendas sujetas a algún régimen de protección público. La Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos dictó la Circular número 2/2005, de 15 de abril, de 2005, relativa a la aplicación de los artículos 51, 52 y 53 del citado texto legal, sobre los derechos de tanteo y retracto a favor de la Generalitat en las viviendas acogidas a cualquier régimen de protección que no sean de promoción pública, delimitando el ámbito objetivo de la aplicación de la ley por la concurrencia de dos condiciones: Que se trate de segundas y sucesivas transmisiones (art. 51). Que la transmisión se efectúe dentro de los diez años a contar desde la última calificación definitiva (art. 53). Asimismo, en cuanto al ámbito temporal de la misma y habida cuenta que la Ley 8/2004, de 20 de octubre, no recoge ninguna disposición expresa en este sentido, se entendió de aplicación el principio general de irretroactividad de las normas, considerando que el criterio a aplicar debía ser el siguiente: El régimen de tanteo y retracto derivado de la ley será plenamente aplicable en las segundas y posteriores transmisiones que se produzcan respecto de viviendas protegidas cuya calificación definitiva se hubiera otorgado con posterioridad al 21 de abril de 2005, fecha de su entrada en vigor. En segundas y posteriores transmisiones de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública, cuya fecha de calificación definitiva es anterior a su entrada en vigor, el derecho de tanteo y retracto solo será aplicable si su régimen específico de protección ya lo hubiere previsto, en cuyo caso se regirá por las determinaciones contenidas en el mismo, y el nuevo régimen de tanteo y retracto solo será aplicable en la medida que sea compatible con aquel. Posteriormente, el Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de protección pública a la vivienda, cuya disposición transitoria segunda fue declarada vigente por el Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de viviendas de protección pública en lo que haga referencia al título III relativo a la promoción pública de vivienda, articuló la aplicación de la regulación que sobre derechos de tanteo y retracto se establecía en la Ley 8/2004, de la vivienda de la Comunitat Valenciana y en el citado reglamento para las viviendas de promoción pública, estableciendo que: Los derechos de tanteo y retracto establecidos en la Ley 8/2004, de la vivienda de la Comunidad Valenciana será de aplicación directa e íntegramente a las segundas y sucesivas transmisiones de viviendas de esta naturaleza cuya fecha de calificación definitiva o de otorgamiento de escritura pública de primera transmisión, sea posterior a la entrada en vigor de la citada ley, esto es, 21 de abril de 2005, En el caso de las viviendas de promoción pública cuya primera transmisión se hubiere formalizado en escritura pública anterior a la entrada en vigor de dicha ley, el derecho de tanteo y retracto se regirá por el régimen legal vigente al tiempo de dicho otorgamiento, sin perjuicio de la aplicación complementaria de la regulación contenida en la ley 8/2004 y en el Decreto 75/2007, en lo que no contradiga el citado texto legal. Con la entrada en vigor de Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, (en adelante, LMFGAFOG) se ha dado un nuevo impulso al ejercicio de los derechos de adquisición preferente que ostenta la Generalitat en relación con la transmisión de viviendas de promoción pública y las sujetas a algún régimen de protección pública regulados en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la vivienda de la Comunitat Valenciana, al darse una nueva redacción a los artículos 51, 52 y 53 del citado cuerpo legal. La actual redacción de los preceptos legales citados, operada por el artículo 82 LMFGAFOG, establece que la administración de la Generalitat ostenta los derechos de tanteo y retracto respecto de las segundas y sucesivas transmisiones inter vivos, gratuitas u onerosas, voluntarias o derivadas de un procedimiento de ejecución patrimonial, de las viviendas de promoción pública o construidas bajo cualquier régimen de protección pública, durante todo el período de vigencia del régimen de protección que corresponda a contar desde la calificación definitiva, a excepción de los supuestos legales que se citan. Ello significa, básicamente, que la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, suprime la limitación temporal que contenía la vigente Ley de la vivienda respecto del término de ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de las viviendas protegidas (10 años desde la calificación definitiva correspondiente), otorgando a la Generalidad un derecho de adquisición preferente durante todo el periodo de vigencia del régimen de protección a que estén sujetas (art. 51). Al mismo tiempo, se amplía el plazo para el ejercicio de estos derechos, que pasa a sesenta días naturales a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la recepción de la notificación correctamente formulada. Resulta necesario que por esta dirección general se dicten las instrucciones necesarias para implementar la puesta en marcha del nuevo régimen legal tras la entrada en vigor del artículo 82 del citado texto legal, en relación con el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto legal a tenor de la disposición transitoria cuarta en relación con la disposición final tercera, respecto de las transmisiones efectuadas con posterioridad al 1 de enero de 2019, hayan sido notificadas o no según lo preceptuado por el artículo 52 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la vivienda de la Comunitat Valenciana. Es por ello que, sin menoscabo de los derechos de adquisición preferente que con carácter general, se reconocen a la Generalidad respecto de las viviendas de promoción pública o sujetas a algún régimen de protección, el ejercicio de tales derechos atenderá a los siguientes criterios: Primero. En relación con las notificaciones que se presenten a partir del 1 de enero de 2019, fecha de entrada en vigor de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto legal previstos en el artículo 52 de la Ley 8/2004, en su nueva redacción, respecto de la segunda o ulteriores transmisiones de viviendas acogidas a los regímenes de protección pública anteriores al Real decreto ley 31/1978, de 31 de octubre, los servicios territoriales de Vivienda y Rehabilitación comunicarán al interesado la no procedencia de la citada notificación al no resultar de aplicación a las mismas los derechos de tanteo y retracto legal citados. Igualmente, se informará a los ciudadanos que lo soliciten que no están sujetas a los derechos de tanteo y retracto legal las segundas o ulteriores transmisiones de tales viviendas y que no es necesaria la presentación de las citadas comunicaciones para efectuar las transmisiones que se pretendan de las referidas viviendas. Segundo. A las notificaciones que se presenten respecto de segundas y posteriores transmisiones de viviendas acogidas a cualquier régimen de protección pública, que no sean de promoción pública, posteriores al real decreto ley citado con anterioridad, continuará aplicándose los criterios contenidos en la Circular número 2/2005 de la Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de fecha 15 de abril de 2005, sin perjuicio de la ampliación temporal de la atribución de los derechos de adquisición preferente derivado de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, durante todo el periodo de vigencia del régimen de protección que corresponda a contar desde la calificación definitiva y demás determinaciones legales derivadas del citado texto legal compatibles con aquel. Cuando, de acuerdo con los extremos antes citados, se considere que no procede el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, por la Jefatura del Servicio Territorial de Vivienda que corresponda se resolverá en tal sentido a la mayor brevedad posible y se notificará al interesado. Tercero. A las notificaciones que se presenten respecto de segundas y posteriores transmisiones de viviendas de promoción pública les será de aplicación la disposición transitoria segunda del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de protección pública a la vivienda, sin perjuicio de la ampliación temporal de la atribución de los derechos de adquisición preferente derivado de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, durante todo el periodo de vigencia del régimen de protección que corresponda a contar desde la calificación definitiva y demás determinaciones legales derivadas del citado texto legal, compatibles con aquel. Cuarto. Finalmente, no se considerará transmisiones a los efectos del ejercicio de los derechos de adquisición preferente de la Administración y, en consecuencia, no están sujetos al deber de notificar, cuando se trate de la transmisión de una cuota indivisa de la vivienda a favor de otra persona titular de esta, cuando tenga lugar por extinción de condominio previo sobre la vivienda o por división de la cosa común. En el cuadro que se acompaña como anexo I aparecen reflejados los diversos supuestos señalados. Esta circular, por razón de los efectos que produce, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, siendo de aplicación a partir del día siguiente a dicha publicación. València, 13 de febrero de 2019.– El director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana: Rafael Francisco Briet Seguí. ANEXO I Tipo de expediente: A /VS.../ 68 y anteriores CS /VS.../ 68 y anteriores V/VS.../ 68 y anteriores Plazo protección: 20 años Condición de la vivienda: La vivienda es libre por haber finalizado el periodo de protección Sujeto a tanteo y retracto: No No debe comunicar la transmisión Tipo de expediente: NA /VS .../ 68 y posteriores A /GI .../ 68 y posteriores CS /VS .../ 68 y posteriores CS /GI .../ 68 y posteriores V /VS .../ 68 y posteriores V /GI .../ 68 y posteriores Plazo protección: 50 años Condición de la vivienda: La vivienda es protegida por no haber terminado el plazo de protección, pero el precio es libre (RD 727 /1993) Sujeto a tanteo y retracto: No Por ser la fecha de calificación definitiva anterior al 20 de abril de 2005 y no estar previsto en la legislación reguladora de su régimen de protección No debe comunicar la transmisión Tipo de expediente: 03/1G/ .../ 78 y posteriores 03/1M/ .../ 78 y posteriores 03/1E/ .../ 78 y posteriores 12/1G/ .../ 78 y posteriores 12/1M/ .../ 78 y posteriores 12/1E/ .../ 78 y posteriores 46/1G/ .../ 78 y posteriores 46/1M/ .../ 78 y posteriores 46/1E/ .../ 78 y posteriores Plazo protección: 30 años Condición de la vivienda: Las viviendas con calificación definitiva anterior a 1989 son libres por haber transcurrido su periodo de protección Las viviendas con calificación definitiva posterior son protegidas con limitación de precio Sujeto a tanteo y retracto: Las viviendas con calificación definitiva anterior a 20 de abril de 2005 no están sujetas a tanteo y retracto por no estar previsto en su legislación reguladora, ni al deber de comunicación de la transmisión. Las viviendas con calificación definitiva posteriores a 20 de abril de 2005, están sujetas a tanteo y retracto y a notificar a la administración la intención de venta. El número de expediente así como la fecha de calificación definitiva debe constar en la escritura de la vivienda. El número de expediente se asimila a alguno de los tipos propuestos y varía en función de la provincia (A o 03, Alicante; CS o 12, Castellón; V o 46, València). En resumen, están sujetas a los derechos de tanteo y retracto las viviendas protegidas de promoción privada con calificación definitiva posterior al 20 de abril de 2005, todas las viviendas protegidas de promoción pública, existe obligación de notificar a la administración la intención de venta al objeto del ejercicio de estos derechos. Para notificar la intención de venta: la tasa a abonar se calcula aplicando el 0,05 % sobre el precio máximo de venta. Si el número de expediente es del tipo: A-I-III / Año A-I-IV / Año A-Número / Año CS-I-III / Año CS-I-IV / Año CS-Número / Año V-I-III / Año V-I-IV / Año V-Número / Año Se trata de una vivienda protegida de promoción pública Se encuentra sujeta a tanteo y retracto por estar así previsto en su régimen específico Hay que notificar la intención de venta a la Entitat Valenciana d’Habitatge (EVHA)